109- ¿UN PROBLEMA POLITICO?

El sistema político de los países emergentes realmente se encuentra no solo en pañales sino en anarquía: soberbia por todos lados y partidismo, nada de buscar la objetividad sino ganar la partida.

A tal grado ha llegado esta situación que hasta ya se convirtió en “corillo” que el problema entre la Asamblea y la Corte Suprema de Justicia es “político”; cuando hasta el más neófito estudiante de derecho sabe que se trata simplemente de desacato a las leyes; es decir, de orden jurídico.

Reconocer oficialmente que un problema sea de carácter político es aceptar la decadencia y debacle moral de todas las personas que participan en tremendo impasse.

¿Porqué?, simple, porque la razón de ser de los políticos son precisamente los problemas y para eso es que formulan leyes, para que haya orden en la sociedad; pero si ahora vienen con que las leyes lejos de solventar situaciones están generando problemas, eso solo podría tener un nombre y por cierto bochornoso.

No se puede seguir enfocando esto como un problema político porque eso es estar alimentando la anarquía y propiciando el desorden, ya que una solución política según esta perspectiva, implicaría el invento de cualquier cosa.

Seguir llamando problema político a un problema jurídico, nos muestra la confusión de moralidad que existe en la sociedad y por la cual, por ejemplo, muchos siguen llamando como un delito menor o problema conyugal al maltrato físico y moral de las parejas, cuando claramente a la luz del derecho y de las mismas Sagradas Escrituras este es un delito muy grave.

Y si el problema es que grupos de diputados se ven en la tentación de elegir dos veces durante su periodo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; pues la solución es normar, ajustar la ley para no permitir que estas situaciones vuelvan a ocurrir.

Y si a algo tan elemental no se le puede dar trámite en la asamblea por falta de voluntad o votos; pues debería existir un mecanismo para que una decisión tan trascendental como es la administración de justicia a la sociedad, pueda ser llevada directamente a la voluntad del soberano pueblo.

108- DESACATO A LA MAXIMA AUTORIDAD

Para nosotros los ciudadanos comunes, nos resulta de elemental comprensión que el problema suscitado entre la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa es simplemente de derecho y por lo tanto de desacato a la ley, entendiendo que vivimos en un estado de derecho donde debería regir el imperio de la ley.

Sin aforismos técnicos entendemos que la sala de lo constitucional es la máxima instancia, entiéndase suprema, para hacer las necesarias interpretaciones a la constitución, y que por lo mismo sus fallos son de obligatorio cumplimiento y no admiten ningún recurso de apelación.

Y que ningún otro organismo interno ni internacional está facultado bajo ninguna posibilidad por simple lógica a intervenir en interpretaciones a la constitución de ningún país; ya que esto representaría vulnerabilidad y entrega de su propia soberanía.

También al ciudadano más cuerdo le resulta fácil comprender que cada asamblea debería elegir a los respectivos magistrados según la correlación coyuntural; es decir, elegir magistrados una sola vez.

Pero muchos han sido confundidos haciéndoles creer que los que se oponen a esta doble elección de magistrados por la misma asamblea son los que militan o simpatizan con alguna tendencia, entiéndase la derecha; lo cual no es del todo cierto, porque amplios sectores de diferente pensamiento han coincidido, incluyendo tradicionales blogs duros de izquierda.

El hecho es que la sala de lo constitucional dictaminó que es inconstitucional que una misma asamblea elija magistrados dos veces durante su periodo, algo que al sano juicio resulta lógico; por lo cual los magistrados elegidos en estas circunstancias quedarían deslegitimados; y sería entonces, la nueva asamblea la que debería elegir o bien ratificar a los nuevos magistrados.

Pero los diputados propulsores de la doble elección de magistrados entraron en desacato al máximo tribunal de justicia. Y esas son de las cosas que los ciudadanos comunes pareciera ser que no entendemos: el porqué de tanta obstinación para imponer a sus propios personajes.

Así que en ese afán, tramaron el artificio de recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia, organismo que aparte de no tener jurisdicción en temas internos y menos constitucionales de sus miembros, no contaba con la representatividad de todos los países de la región, incluso, dos miembros de nuestro país se abstuvieron de conocer sobre el caso llegando uno incluso a la renuncia. Y además, arrastraba dudas sobre su objetividad por fallos cuestionables como el de la demanda interpuesta por Nicaragua a Costa Rica por daños en el rio San Juan, país que ni siquiera es miembro de la CCJ y que obviamente favoreció al país anfitrión.

Estos hechos lo hacían perder su neutralidad, situación ahora evidenciada en que sí admitieron la demanda de los diputados, pero no la de un grupo de salvadoreños que demandaba al congreso por no acatar los fallos judiciales. Surgiendo como efecto inmediato que emitieran la suspensión “temporal” de los fallos de la sala, trama siniestra en vista de la inminente fecha tope de la toma de posesión; es decir, lo que pretendían era según sus malintencionados cálculos habilitar a los magistrados electos pero ya deslegitimados por la sentencia.

He aquí otra de las cosas que los ciudadanos normales pareciera que no alcanzamos a comprender: ¿Porqué se congela el efecto del acto reclamado en perjuicio del demandado, pero no se congela la acción en litigio?. Muy simple: Artilugio de imposición, instrumentos modernos para asestar verdaderos golpes de estado, para imponer dictaduras de hecho disfrazadas de legalidad.

Por eso, y a diferencia de todas las tomas de posesión de magistrados de los periodos anteriores, nos resultó muy anormal y tenebroso que el sindicato se tomara las instalaciones de la CSJ; que hubiera todo un mitin político enfrente y que hasta fueran violentadas las cerraduras.

A nosotros los ciudadanos normales no nos interesan las pasiones ideológicos de ningún tipo sino simplemente el respeto a la legalidad, al funcionamiento de las instituciones y al cumplimiento irrestricto de las leyes. Ese es el único camino hacia el orden y la armonía que se nos dicta desde las mismas Sagradas Escrituras.