Nos
encontramos a años luz de vivir en un pleno estado de derecho como en las
sociedades desarrolladas; y eso lo vemos todos los días cuando cualquiera se
cruza los semáforos en rojo, las dobles líneas amarillas o circula sin luces;
choferes de transporte público sin licencia, drogados o con sendas deudas de
infracciones; personas impuntuales a sus compromisos, que no pagan sus
impuestos o simplemente que no escuchan a su interlocutor.
Esta es nuestra sociedad y como toda la institucionalidad y los gobiernos son fiel representación de la sociedad por antonomasia arrastran toda esta endemia de irrespeto.
En este momento nos encontramos ante un hecho para muchos inédito en la historia del país: el poder judicial y el poder legislativo enfrentados por el cumplimiento de una sentencia.
Esta es nuestra sociedad y como toda la institucionalidad y los gobiernos son fiel representación de la sociedad por antonomasia arrastran toda esta endemia de irrespeto.
En este momento nos encontramos ante un hecho para muchos inédito en la historia del país: el poder judicial y el poder legislativo enfrentados por el cumplimiento de una sentencia.
Para
nosotros los ciudadanos normales nos resulta fácil entender que una sentencia
es simplemente una ley surgida del funcionamiento de la institucionalidad y como
tal debe ser acatada. Ni siquiera nos interesa quien pudiera tener la razón
porque para eso es la institucionalidad, para dirimir.
Lo
mismo ha sucedido en otra institución del estado por medio de un laudo
arbitral, que se sobreentiende que surge a través de un proceso institucional
para conciliar una situación dada; pero igualmente los titulares no están
dispuestos a acatar.
Desde
las altas esferas vemos con claridad el funcionamiento con gran pomposidad del
IMPERIO DE LA LEY, pero la LEY DEL MAS FUERTE, que es lo que vemos todos los
días en las calles en una casi sistemática anarquía donde el más fuerte impone
su voluntad por la fuerza sin importarle en lo más mínimo la más elemental
norma de comportamiento.