Los trabajadores honrados, siempre hemos dicho que lo único que queremos es un trabajo digno; ni siquiera subsidios o millonarios programas sociales, aunque obviamente, a nivel macro estos tienen su propia función.
Con solo que tengamos un trabajo decente y una capacidad adquisitiva razonable es más que suficiente, es un derecho humano y una obligación del estado su propiciación.
Desafortunadamente, en nuestros países pobres, lo que menos tenemos y más adolecemos los ciudadanos comunes es precisamente de capacidad adquisitiva, representada por nuestros salarios versus los precios y diversidad de bienes y servicios que exige la vida actual.
Ya los grandes teóricos han tenido siglos para explicar el funcionamiento del sistema económico sin llegar a conclusiones definitivas ni absolutas; pero sin perjuicio de las naturales leyes de la oferta y la demanda, de la teoría de las riquezas, de la rentabilidad marginal del empleado y muchas otras muy bien elaboradas teorías, que en la práctica han mostrado tanto aciertos como deformaciones; nos resulta a los simples mortales, de simple olfato intuir que “mayores salarios no tienen otro destino más que dinamizar la economía a través del consumo y el ahorro”.
De ahí la gran interrogante, ¿Porqué el sector privado se opone al incremento del salario mínimo en el sector público, siendo que este retornará a la productividad de todas maneras?.
Su gran argumento es que, ése, para ellos, gasto oneroso, mejor debería invertirse en programas sociales. ¿Será sincero su interés en desviar esos fondos a un fin aparentemente social?. ¿No será en realidad que sienten la presión hacia la nivelación?.
Desafortunadamente, la avaricia del empresariado no le permite visualizar el beneficio social de tener mayor capacidad adquisitiva.
Un notable ensayo sobre la teoría keynesiana es tajante al respecto al manifestar que en Europa y Estados Unidos se tienen salarios y producto per cápita exponencialmente más altos que los países subdesarrollados, simplemente porque leyes más fuertes obligan a los patronos a negociar salarios más altos con los trabajadores. Aunque esta es una forma simplista de ver el asunto, ciertamente es ilustrativa. Así, por ejemplo, en España el estado proporciona una prestación por desempleo que no obliga al ciudadano a tomar el primer empleo que se le aparece sino hasta encontrar el que satisfaga sus expectativas; polémico tal vez, porque no faltarán los aprovechados, pero la ley ha de tomar las providencias del caso.
De igual manera, un artículo en un blog de un funcionario español, refiriéndose a esta prestación de desempleo nos toca hondo y expone claramente nuestra condición de subdesarrollo: “Sin las prestaciones sociales, sin el sustento del estado a las personas que no tienen trabajo, se generaría una tendencia marcada por una norma básica de la economía: A más oferta baja el precio. O sea, los sueldos ofertados serían bajísimos. Si una empresa pudiese ir al INEM y pudiese tener al profesional X mejor preparado por un sueldo de 620 euros al mes, ya que si no el estado le dejaría sin prestación, la mayoría de empresas ofrecerían sueldos de este tipo.”
“Si se hacen políticas de estado que provoquen un descenso de los salarios, lo que vas a conseguir es que las familias y las personas no tengan renta disponible para consumir, y, por lo tanto, vas a provocar una contracción del consumo.
Esa contracción generará más paro (desempleo), y la gente que entre en ese ciclo tendrá que conformarse con salarios más bajos reduciendo el consumo nuevamente. Hablando claro, volveríamos a épocas pasadas donde el consumo de lo que no es básico para la supervivencia estaba destinado a las clases privilegiadas”.
Tomemos nota del sueldo que se está menospreciando: al cambio actual implicaría $880.00 dólares aproximadamente; mientras aquí es toda una polémica nacional un salario piso de $300.00 dólares.
